ECONOMIA PERONISTA

Domingo Cavallo en su blog http://www.cavallo.com.ar presenta este interesantísimo análisis de los datos macroeconómicos del actual gobierno comparados con los del gobierno de Alfonsín, los dos de Menem y el de de la Rua. Por su propia participación en lo que fue una economía de peronismo moderno, aún durante el intento fallido de la Alianza, y por el debate postergado en el peronismo e interesadamente distorsionado por el duhaldismo primero y congelado ahora por el kirchnerismo, nos parece que este documento vale una lectura atenta y una discusión a fondo. Como bien explica Domingo Cavallo, la Argentina actual recuerda mucho a la Argentina de Alfonsín. Las soluciones a problemas bien conocidos sólo permanecen ocultas para aquellos que no las quieren ver.

La miopía fiscal de muchos macroeconomistas
por Domingo Cavallo

Es común leer en los informes que preparan muchos analistas económicos lo que aparece como una muy buena novedad de la Economía Argentina post-convertibilidad: habría dejado de tener el déficit fiscal estructural que existió en las décadas anteriores.

Esta creencia, bastante generalizada entre los macroeconomistas que siguen las cuentas fiscales publicadas por la Secretaría de Hacienda, mes a mes, es equivocada. La errónea percepción de la situación fiscal desde 2002 en adelante, se debe a una aguda "miopía fiscal". De tanto mirar los números publicados por el Gobierno, dejan de observar cómo evolucionan las normas y decisiones que predeterminan, las más de las veces con mucha antelación, niveles excesivos de gastos; al mismo tiempo que esconden gastos devengados pero no pagados y el verdadero aumento de la deuda pública.

Hace más de un año escribí sobre esta misma cuestión en dos artículos titulados: Las cuentas del Sistema Previsional: un claro ejemplo de Miopía Fiscal y El Déficit futuro de los Fondos Fiduciarios: otro ejemplo de Miopía Fiscal.

La miopía fiscal era muy común en la década del 80, cuando el nivel del gasto público, la magnitud del déficit fiscal y la evolución de la deuda pública eran muy diferentes que lo que mostraban las cifras publicadas por las autoridades. La contabilidad oficial subestimaba significativamente estas tres variables macroeconómicas claves. Por eso, antes de poner en vigencia la Ley de Convertibilidad, yo instruí a la Secretaría de Hacienda que pagara, incluso con emisión monetaria si no había otros recursos, toda la deuda flotante. Y además, enseguida gestionamos y logramos que el Congreso Nacional sancionara La Ley de Consolidación de Pasivos, que permitió saldar, dentro de un marco transparente y controlado, las deudas que no habían sido contabilizadas, pero eran reconocidas por la Justicia, ante millones de reclamos legítimos de Jubilados, provincias y proveedores y contratistas del Estado.

Hubo un período durante el cual se eliminó completamente el déficit fiscal estructural de la Economía Argentina. Fue el período de las grandes reformas estructurales: 1991-1996, mientras yo estuve al frente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, encabezando un equipo que contaba con especialistas experimentados en las distintas áreas de responsabilidad del ministerio. Especialistas con capacidad gerencial y con coraje para proponer y ejecutar complejas reformas estructurales. Ellos hicieron cirugía mayor para extirpar los centros de gastos improductivos y generadores de corrupción de la estructura del Estado. Para ello fue muy importante la privatización de las deficitarias e ineficientes empresas del Estado y modificar el Sistema Previsional. Desde la crisis Tequila, estas reformas comenzaron a extenderse al ámbito de las provincias.

Lamentablemente este ímpetu reformador se abandonó a partir de mi renuncia al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, especialmente desde que el Presidente Menem y el entonces Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, comenzaron a competir por la candidatura presidencial del Partido Justicialista, para la elección presidencial de 1999. El nuevo Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, Roque Fernández, no advirtió que derogar el decreto que prohibía a las provincias utilizar los recursos de coparticipación federal de impuestos como garantía de endeudamiento con el Sistema Bancario Argentino, abría las puertas del descontrol del gasto público provincial e interrumpiría el proceso de reformas estructurales que habían comprometido las provincias al recibir auxilio financiero para superar la crisis Tequila. Además la Economía Argentina aún no estaba en condiciones de navegar con piloto automático. Faltaban muchas reformas para hacer duradero el equilibrio fiscal y terminar de extirpar la ineficiencia y la corrupción en muchas áreas no reformadas del Estado.

Esta es la razón por la que la Economía Argentina, entre 1997 y 2001, volvió a tener un déficit fiscal estructural, que al menos esta vez, no fue escondido con omisiones contables. Las cifras reflejaron aumentos significativos en el nivel del gasto público, en la magnitud del déficit fiscal y en la evolución de la Deuda Pública.

Desde 2002 en adelante, muchos macroeconomistas creen que los gobiernos de Duhalde y de los Kirchner han tomado conciencia de la necesidad de controlar el gasto público, mantener un superávit fiscal y no aumentar la deuda pública. Craso error.

El Ajuste fiscal de 2002 fue feroz e injusto y además se implementó a través de medidas que reintrodujeron la peor enfermedad de la Economía Argentina pre-convertibilidad: la inflación. El dólar alto, que se predicaba como herramienta para promover el crecimiento de la actividad productiva privada, fue un mecanismo para gravar de manera alevosa e insostenible, a las actividades más eficientes del país, desestimulando la inversión en los sectores en los que ésta hubiera sido más productiva. Los gravámenes fueron explícitos, como las retenciones a las exportaciones, el impuesto a las transacciones financieras no deducibles de IVA y la eliminación de la deducción de aportes patronales del IVA contemplada en los planes de competitividad; o fueron implícitos, como la virtual expropiación del capital invertido en los sectores de infraestructura a través del congelamiento de tarifas. Pero fueron y, lamentablemente continúan siendo, gravámenes no sólo distorsivos sino verdaderamente confiscatorios.

Por el lado del Gasto, éstos aumentaron hasta niveles que superan en casi 5 % del PBI a los ya excesivos del período 1997-2001. Y no se están contabilizando gastos y déficits de los fondos fiduciarios y del Sistema Previsional, simplemente porque se los esconde o no se están pagando, incumplimiendo las leyes en vigencia. Por consiguiente la verdadera deuda pública aumenta más de lo que dicen las estadística que se publican. Ya se están observando también la típica postergación de pagos a proveedores y contratistas de las épocas en las que se trata de mostrar resultados de caja mejores que los que reflejaría una contabilidad transparente. Por supuesto, no se publica la evolución de la deuda flotante; pero los anuncios de paralización de obras públicas por falta de pago, son una clara evidencia de que esa deuda existe y es importante.

El panorama fiscal es grave, no sólo porque ya existe déficit fiscal, sino, sobre todo, porque se trata de un déficit estructural, que va a condicionar el funcionamiento de la economía por muchos años. Esta triste realidad sólo comenzará a cambiar cuando un futuro gobierno se anime a hacer lo que hicimos entre 1991 y 1996. Claro que eso sólo será posible si el gobierno cuenta con la convicción y el apoyo popular con que contó el gobierno de Menem en aquel período. Algo que no es fácil de conseguir.

Para los que creen que la tarea de los futuros gobiernos, o de éste, si decidiera comenzar a gobernar con seriedad, es sencilla, los invito a comparar la Economía Argentina post convertibilidad con la de la década de la Ochenta. Si observan bien, la única diferencia entre la economía de aquellos años y la que tenemos ahora, es la bendición que significan los términos del intercambio y la calidad de la infraestructura que se creó en los años 90. En todos los demás aspectos, particularmente los que tienen que ver con la organización de nuestra economía, estamos tan mal como en los años 80.