Panorama político nacional de los últimos siete días

La batalla por la caja
por Jorge Raventos

En la última semana Néstor y Cristina Kirchner experimentaron varios reveses en relación con su proyecto de confiscar los fondos de los jubilados que optaron por el sistema de capitalización. Las primeras dificultades fueron notificadas por el estudio Cleary Gottlieb de Nueva York, que defiende los porotos del gobierno en su pulseada con los tenedores de bonos de la deuda argentina. El abogado Jonhatan Blackman transmitió la mala nueva al embajador Héctor Timmerman: el juez Thomas Griesa había embargado preventivamente más de 500 millones de dólares en inversiones de las AFJP en Estados Unidos y se aprestaba a decidir embargos más cuantiosos. El gobierno de la señora de Kirchner había reclamado a las AFJP que repatriaran sus inversiones en el exterior, pues piensa expropiarlas y ponerlas en manos de una de sus dependencias, el ANSES. El Juez Griesa, como la abrumadora mayoría de los analistas, sospechó que esos bienes serían dedicados a cubrir los cráteres financieros oficiales y aceptó el pedido de inhibición de los tenedores de bonos, acreedores largamente despreciados por el gobierno.

La medida del magistrado forzó al matrimonio Kirchner a ofrecer una versión edulcorada de su propuesta confiscatoria. No pretendemos en modo alguno –explicaron ambos, ella desde El Salvador, él desde Buenos Aires – "estatizar" las jubilaciones. Es culpa de una distorsión comunicacional, aseguró ella, "que se diga que Argentina estatiza los fondos de pensión". El proyecto que envió al Congreso -dijo- sólo "transfiere del sector privado al público la administración de los fondos, que son de los aportantes".

Hay que admitir que su propia explicación es distorsiva. Si bien es saludable que la señora de Kirchner admita que los fondos del sistema de capitalización "son de los aportantes", si se cumple con lo que el gobierno propone, dejarán de serlo y pasarán a convertirse en tributos indiferenciados que el Estado maneja a su antojo (mucho más si cuenta con poderes extraordinarios). A eso se le llama una estatización, una expropiación. Y eso es inconstitucional.

Si el gobierno pretendiera exclusivamente, como argumenta la dama, "transferir del sector privado al público la administración de los fondos" no necesitaría destruir –como induce su proyecto- el sistema de fondos personales de capitalización. De hecho, una parte de esos fondos (los que participan de Nación AFJP) ya son "administrados por el sector público" pero, si se aprueba el proyecto oficial, serán expropiados y estatizados igual que los que se encuentran en otras administradoras. Lo que el gobierno se propone no es un "cambio de administración", sino un cambio de sistema que se realizaría a través de una confiscación. Los aportantes dejarán así de ser dueños de sus fondos personales; en caso de muerte, sus derecho-habientes perderán la posibilidad de heredarlos. Eso es una expropiación.

El proyecto - así como la prisa con la que el oficialismo quiere verlo sancionado- está determinado por las urgencias de caja del gobierno, que carece de financiamiento internacional y afronta en los próximos meses y hasta el 2010 vencimientos que superan los 20.000 millones de dólares. Al lanzarse a arrebatarles sus depósitos a 9 millones de aportantes a los fondos de jubilaciones el gobierno no he hecho más que incrementar los altísimos niveles de desconfianza que revelan la empinadísima tasa de riesgo y la bajísima calificación para créditos que ostenta hoy la República Argentina.

La medida que tomó el juez Griesa en Estados Unidos revela que la medida que pretende la Casa Rosada no podrá imponerse sin grandes dificultades. En primer lugar, tan pronto empieza a debatirse el asunto, al oficialismo le resulta más complicado (o, eventualmente, más caro) hacerlo pasar por el Congreso. Ya empiezan a apreciarse disidencias internas. Muchos legisladores calculan en términos de costo y beneficio las consecuencias que puede depararles respaldar sin condiciones a un gobierno que ya no puede ocultar su debilidad , en un tema de tanta repercusión social y que implica un desafío tan fuerte a derechos constitucionales básicos.

Ante la notoria condición expropiatoria del proyecto y ante la circunstancia de que el "cambio de administración" de los fondos para facilitar su control público y social puede producirse sin el apoderamiento confiscatorio, es comprensible que muchos congresistas vacilen. Si se trata de buscar un mejor régimen previsional (y no meter mano a los recursos de los jubilados) no se justifica el apuro, ni alcanza como excusa para la aprobación una mera declaración de "intangibilidad" de los recursos; habría que suponer en quienes voten así o ingenuidad extrema, o cinismo extremo…o algún inconfesable trato pampa con el poder central.

Elisa Carrió sintetizó una postura que gana terreno en el conjunto de la oposición: de lo que se trata ahora es de evitar el saqueo a los fondos de los jubilados. Hay tiempo de sobra para discutir un régimen previsional sustentable.

La entidad que agrupa a las firmas locales de mayor envergadura expresó también estas preocupaciones: "La decisión sobre el mejor sistema de seguridad social para la Argentina no puede adoptarse de manera urgente", expuso en un comunicado la Asociación Empresaria Argentina. Los miembros de AEA (donde concurren compañías del porte de Techint, Arcor o el Grupo Clarín) se pronunciaron sobre el derecho de propiedad de los trabajadores sobre los aportes ya acumulados en sus cuentas de capitalización individual, recordaron que los aportantes ya expresaron su voluntad de permanecer en ese sistema ante la opción jubilatoria que el gobierno estimuló un año atrás.
La preocupación empresarial también fue expuesta en el ámbito de la reunión de IDEA en Mar del Plata. Hay que recordar que, si se aprueba el proyecto oficial, el Estado, a través del ANSES, concentrará en sus manos altos porcentajes de acciones de muchas empresas argentinas que hasta ahora estaban atomizadas en las inversiones de una decena de administradoras de fondos de pensión. Esa circunstancia convertiría al gobierno kirchnerista en accionista influyente de esas firmas.

Suponiendo que el gobierno K pudiera sortear las objeciones, los obstáculos y la oposición a su proyecto -que ya ha empezado a ganar la calle-, al final del camino estarán aguardándolo las provincias que ya habían alzado su voz cuando se produjo la rebelión del campo. En aquel momento quedó claro que el gobierno se apoderaba de recursos para la caja central (no coparticipa las retenciones a la exportación) y perjudica la recaudación propia de las provincias. Ahora, el reclamo por recursos coparticipables tendría un nuevo motor, ya que al instituirse el régimen de capitalización, las provincias entregaron puntos de coparticipación a la caja central para ayudar al financiamiento de la transición entre sistemas jubilatorios. Si el gobierno lograra liquidar al sistema de capitalización, las provincias reclamarían con toda legitimidad que les devuelvan esos puntos. Se calcula que hoy eso equivale a 15.000 millones de pesos. Los Kirchner deberían entonces compartir el botín de la confiscación a los fondos personales de jubilación.

En rigor, el gobierno se encuentra con dificultades a diestra y a siniestra. A los problemas de caja y a los conflictos que genera su proyecto expropiatorio se suma la creciente inquietud social por el tema de la inseguridad. La pasividad con que el gobierno nacional asumió esa problemática desde el año 2003, el trato dado a las fuerzas de seguridad, las patentes de corso otorgadas a la indisciplina en el espacio público (que fácilmente se desliza a la transgresión y el delito) se combinan con fenómenos reveladores de decadencia social: altos indicadores de pobreza e indigencia, una deserción escolar que supera las cifras de la crisis del 2001-2002.

El tema está caliente y ya se observa la reacción de intendentes y gobernadores que vienen padeciendo las consecuencias. El gobierno central no atiende a esas voces de alarma. Se distancia de ellas. Siguiendo su costumbre, dibuja relatos donde los malvados y villanos son otros y los héroes tienen invariablemente los rostros del poder. No son muchos los que consumen esos cuentos, a esta altura.