ANÁLISIS

Al mantener la vigencia de las retenciones, el gobierno
se burla del Congreso y prolonga el conflicto

por Jorge Raventos

Sacudido por el vendaval del paro agrario, la rebelión de la Argentina interior, las movilizaciones populares y los cacerolazos, el gobierno K respondió apenas con una verónica: al prometer que enviará las retenciones móviles al Congreso para que se debatan allí, trató de endosarle el conflicto a sus propios legisladores.

Así, el oficialismo legislativo y los gobernadores que de un modo u otro lideran a los congresistas de cada distrito, se verán obligados a entrar a la cancha y a dejar de dar consejos telefónicos o esgrimir explicaciones por los medios. El matrimonio presidencial procura cortar la retirada de susdiputados y senadores y los somete a la prueba del ácido del demostrar su fidelidad en las Cámaras. Del otro lado, la misma prueba les será exigida por sus respectivas constituencies, los electorados a los que teóricamente se deben.

Más allá de la maniobra política, conviene señalar que el gesto de la señora de Kirchner, tal como se presenta, es fácticamente inútil para resolver el conflicto y jurídicamente esperpéntico.

En el plano fáctico es inútil porque no anula la resolución 125. Al dejar vigentes las retenciones, los productores agrarios seguirán reteniendo el producto en los silos-bolsa, no como obra de unaresolución "corporativa" (paro) sino como fruto de múltiples decisiones empresariales particulares. Si los productores no comercializan, los transportistas no levantan viajes: sigue la gataparida. En el plano legal, por otra parte, la decisión de la señora deKirchner es una enorme incoherencia. Enviar el proyecto al Congreso representa una autocrítica de hecho, un reconocimiento de que la resolución 125 no tenía validez legal. Y si no es una autocrítica y una búsqueda de enmienda, no es nada. Sucede que el gobierno, para disimular su retroceso, no anula la resolución, con lo que convierte al Congreso en un mero adorno, llamado en el mejor de los casos a discutir sobre una resolución administrativa que tiene efectos impositivos vigentes.

El paso al Congreso no tiene sentido si no se anula la resolución, por manifiesta ilegalidad. Aun si se aceptara –como esgrimen juristas del oficialismo de la talla de Aníbal Fernández- que las retenciones/derechos de exportación (contemplados en rigor por el texto constitucional como impuestos, y por lo tanto, atribución delCongreso) son una atribución del Poder Ejecutivo, una resolución ministerial no es expresión normativa del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es unipersonal y su modo de expresarse legalmente es el del decreto. La resolución es una norma administrativa menor, carece de jerarquía para decidir sobre incremento de gravámenes. Incluso si el argumento oficialista fuera correcto, la resolución carecería de pertinencia. El Ejecutivo debería firmar un decreto de necesidad y urgencia si las quisiera imponer sin ley o antes de que haya una ley. Por lo tanto, si la señora de Kirchner proclama como coartada de su maniobra "más institucionalidad y más democracia", debe reclamársele que cese de invocar la vigencia de las retenciones móviles.

Tanto desde un punto de vista jurídico como desde una perspectiva de los hechos, el discurso presidencial del martes 17 es puro jarabe de pico: fuego de artificio para descomprimir el descontento de la opinión pública, cepo en puerta para sus propias fuerzas. Más aún si se confirma que el proyecto que el ejecutivo envía al Congreso es una mera formalidad que evita el debate y reclama una actitud de tome o deje. Un último punto: aún si el Congreso aprobara como ley un proyecto idéntico a la resolución, el campo no tendría por qué bajar su reclamo. Las retenciones móviles tal cual existen hoy no sólo son cuestionables por su origen (resolución administrativa y manotazo del ejecutivo que eludió el congreso) sino también por su contenido irrefutablemente confiscatorio, al imponer gravámenes superiores al 30 por ciento. Una ley que las ratificara debería ser cuestionada por inconstitucional (y, más allá del recurso jurídico, podría legítimamente merecer contestación por la vía de la protesta). El 9 de junio el oficialismo intentó preservar sus retenciones móviles apelando especiosamente al argumento distribucionista. Ahora busca lo mismo recurriendo retóricamente a un debate legislativo que negó, obstruye y minimiza, mientras trata de disciplinar sus desordenadas fuerzas para recuperar la ofensiva.

Las maniobras tácticas no zanjan los problemas de la realidad: los amplían y profundizan, porque postergan las soluciones, la remoción
de los verdaderos obstáculos.