Panorama político nacional de los últimos siete días

El centralismo anacrónico
por Jorge Raventos

El miércoles 16 de julio se abre la oportunidad del Senado para dar una salida al extenso conflicto que el Poder Ejecutivo abrió con los productores rurales y con la Argentina interior.

En la arquitectura diseñada por Juan Bautista Alberdi, el Honorable Senado de la Nación constituye el principal dispositivo defensivo de las provincias argentinas en la estructura de la nación organizada. En la Cámara Alta las provincias –anteriores a la Nación y motores de su unidad y constitución- se presentan con idéntica representación, independientemente de sus rentas y de su extensión territorial o demográfica, para expresar institucionalmente sus intereses, reclamos y reivindicaciones, muchos de los cuales habían alimentado décadas de enfrentamientos armados con el centralismo de Buenos Aires. Las guerras civiles del siglo XIX tuvieron como motor principal una disputa sobre recursos –los de la Aduana de Buenos Aires, a través de la cual se realizaba el comercio internacional del país- que el centralismo porteño monopolizaba y que las provincias querían federalizar.

A más de un siglo y medio de distancia de aquellos choques, la Argentina vuelve a vivir la tensión entre centralismo y federalismo alrededor de recursos que se producen en las provincias y que se concentran en la caja del gobierno central. Una cuota significativa de esos recursos surge de las retenciones que, por vía de una resolución administrativa sustentada en una ley de facto de un gobierno militar, se aplica a las exportaciones del campo. Esa succión que llega a extremos confiscatorios golpea duramente a los productores rurales asentados en las provincias y también a los ingresos públicos de éstas, que se encogen en la misma medida en que se amplían los del gobierno centralista.

El estado central recibe el 70 por ciento de los recursos pero ejecuta menos del 50 por ciento de los gastos. La provincia de San Luis se ha presentado ante la Corte Suprema al considerarse damnificada por el mecanismo: la aplicación de las retenciones (que, como las rentas aduaneras del siglo XIX, son monopolizadas centralmente) disminuye de manera sustancial la rentabilidad del campo y con ello el impuesto a las ganancias que se aplica a los productores, que debe coparticiparse con las provincias. Con una alícuota del 30 por ciento del impuesto a las ganancias sobre esos ingresos que hoy embolsa en exclusividad la caja kirchnerista se recaudarían entre 12.000 y 15.000 millones de pesos coparticipables. Y se retiraría la losa fiscalista con que el gobierno ahoga a los productores rurales y empuja a la decadencia la producción más competitiva del país.

El desafío que afronta la Cámara Alta es grande. Para muchos senadores resulta complicado eludir el cepo de las presiones (que se expresan, inclusive, a través de sus gobernadores), según las cuales el legislador antes que a su electorado y a su provincia, debe fidelidad "al proyecto político" centralista que encarna el matrimonio presidencial. Las presiones no son única ni principalmente discursivas; el centralismo maneja argumentos a veces a veces más convincentes. El gobernador puntano Alberto Rodríguez Saa, al observar ciertos cambios súbitos de posición en el Congreso, evocó la célebre figura de "la banelco" que rodeó de sospechas de la ley laboral en tiempos de Fernando De la Rúa.

Con todo, pese a las presiones, se llegaba al fin de semana previo al tratamiento de las retenciones en el Senado con una situación de virtual empate. El gobierno estima que puede hacer votar a libro cerrado el dictamen que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Sus seguridades no son plenas, sin embargo; por eso Néstor Kirchner convocó a los suyos a vivaquear desde el martes en la Plaza de los dos Congresos, para sumar presión física a los restantes argumentos del oficialismo. Se trata de evitar que la demostración pública de oposición a las retenciones que las organizaciones agrarias realizarán ante el Monumento a los Españoles, en la que se hará presente el interior pero también muchos sectores de Buenos Aires y el conurbano, pese en exceso sobre los senadores dubitativos.

El gobierno recibe con puntualidad las encuestas que lo notifican del enorme gasto político que le ha demandado hasta aquí su obstinado enfrentamiento con el campo. Para la mayoría de la opinión pública (en rangos que, dependiendo de los encuestadores, van del 65 al 80 por ciento) los productores rurales tienen razón y el gobierno debería retirar la resolución 125 y acordar con las entidades. La imagen de la señora de Kirchner, según los estudios demoscópicos, repta en el orden del 20 por ciento después de abruptas caídas que alcanzaron también a gobernadores que, antes del conflicto, inclusive tenían marcas superiores a la de la presidente. Más allá de otros estímulos, en términos políticos lo que el gobierno les ofrece a los senadores es que se hagan socios de ese salto a las profundidades.

La pareja presidencial no ignora que debe exhibir cambios importantes si aspira a recuperar parte del terreno perdido. Sus asesores, en principio, han inducido a ambos cónyuges a bajar unos cuantos decibeles el tono de sus discursos y mostrarse más prolijos y amigables cuando se presentan en público. El resultado de esos consejos empezó a aplicarse durante la última semana, aunque es cierto aquello de que lo que Natura non da, Salamanca non presta…

El problema para el kirchnerismo no es únicamente la opinión pública, que empezó a tomar distancia del poder casi dos años atrás, con el plebiscito misionero. Lo más acuciante en términos políticos es el creciente divorcio del peronismo. Ya hay una verdadera federación de dirigentes importantes, muy representativos en sus distritos (y en algunos casos, más allá de ellos) que tienden redes para evitar que Néstor Kirchner y los suyos "estrellen al peronismo", para decirlo en los términos que esta semana empleó José Manuel De la Sota, al ocupar el papel de orador en el escenario que le ofreció Eduardo Duhalde.

El desgranamiento cobró un impulso mayor esta semana con el lanzamiento por parte de Luis Barrionuevo y una cincuentena de organizaciones gremiales de la CGT Azul y Blanca, en abierto desafío a la central filo-oficialista que encabeza el camionero Moyano. Es interesante destacar que, pese a que la coalición pro Moyano que impulsó el gobierno contaba en el congreso sindical con una mayoría clara de organizaciones (en una proporción cercana al 2 a 1) el camionero forzó el alejamiento de Barrionuevo al negarle la posibilidad de tener delegados en la Junta electoral. En la CGT no es habitual que se vote. Moyano y sus asesores oficiales tuvieron temor de que la elección (que no se hace a mano alzada, sino por voto secreto) les deparara sorpresas desagradables. La nueva CGT de Barrionuevo se integra a la constelación del peronismo rebelde. La nueva competencia induce a Moyano, en tanto, a asumir nuevos reclamos salariales: el límite de 19 por ciento que él consiguió parcialmente imponer por pedido de la Casa Rosada ya ha sido superado por la inflación. En rigor, nadie en el movimiento obrero, ni los de Barrionuevo ni los de Moyano, cree en las cifras de inflación que proporciona el INDEC, por más que Guillermo Moreno haya insistido el miércoles en el Senado "que las únicas que valen son las cifras oficiales".

No sólo los gremialistas descreen, también son escépticos otros sectores. Cuando Moreno habló de la leche en el Senado, alegó que gracias a que las empresas lecheras pagan $ 0,95 el litro a los tamberos, «pueden colocar el sachet de leche a 1,90». Si hubiera estado presente en Trenque Lauquen, en una asamblea del sector, un día antes, habría escuchado a los industriales lecheros afirmar : "No tenenmos más argumentos para convencer a un tambero de que siga produciendo leche". Y a los tamberos decir que, con esta política, la Argentina va a tener que importar leche. Y a todos juntos decir que el sachet de leche sólo cuesta 1,90 en la oficina de Moreno y en los avisos, pero que en los supermercados hay que pagarlo casi 3 pesos.

Moreno fue, esa tarde, una metáfora del llamado "proyecto" del centralismo oficial. No sólo juró la veracidad de cifras notoriamente falsas (para peor: en las que nadie cree); se plantó como si su tarea funcionarial consistiese en monitorear los costos y determinar la rentabilidad y la operación de las empresas privadas; en rigor, como si las empresas privadas fueran sucursales de una gran firma estatal que él debe administrar. Ese concepto intervencionista de la economía, ese "proyecto" ya ni siquiera es aplicable o deseado en la Cuba de los Castro. Pero el anacronismo no es propiedad de Moreno…sino de quien lo manda.

La Argentina se encuentra ante una situación inédita. El mundo le ofrece una oportunidad formidable: quiere comprar a muy buen precio los productos que el país sabe hacer y produce con alta competitividad; pero un proyecto anacrónico e intervencionista se interpone entre esas posibilidades y su sociedad.

Lo que decida el Senado esta semana contribuirá a aflojar la traba o mostrará la necesidad de otros procedimientos y otros tiempos para allanar el obstáculo.