Panorama político nacional de los últimos siete días

Los que dicen basta

por Jorge Raventos

Desde el viernes 17 de abril Santiago Montoya no es más el Gran Recaudador de la provincia de Buenos Aires. Después de servir con reconocida eficacia a tres gobiernos bonaerenses, ese día fue conminado a firmar la renuncia. La falta que se le imputó para expulsarlo de su puesto no fue técnica, sino política. Se trató de un pecado mortal para el kirchnerismo: Montoya rechazó la presión del gobierno nacional para que se transformara en “candidato testimonial” ("No estoy dispuesto a hacer, y no voy a hacer, es ser candidato a concejal en San Isidro en estas elecciones") y además puso por escrito e hizo público algo que piensa buena parte de la sociedad y que comparten in pectore muchos de los jefes municipales a quienes desde Olivos se fuerza a que arriesguen electoralmente, sin necesidad genuina, su capital político con tal de evitarle a Néstor Kirchner una caída catastrófica en los comicios del 28 de junio.

Las candidaturas testimoniales “son poco serias”, cuestionó Montoya. Agregó que el oficialismo “ha perdido parte de la capacidad de escuchar a la sociedad, a los líderes opositores, a los distintos sectores sociales y productivos del país". Quedó claro que sus críticas apuntaban al poder central, no a su gobernador: "Con 32 meses de gobierno por delante y una reconocida vocación justicialista de conducir la Argentina, estoy convencido de que Daniel Scioli es el líder que, desde este espacio político, tiene la mayor capacidad de escuchar y articular intereses políticos y sectoriales con vistas a encontrar el mejor destino para la Patria en estos tiempos tan difíciles", señaló en su comunicado. Es probable que esa clara diferenciación haya exacerbado la furia de Olivos, desde donde se redoblaron los apremios sobre La Plata. Había que hacer tronar el escarmiento sobre el atrevido recaudador.

Por un momento la actitud de Montoya adquirió las sugestivas tonalidades del “voto no positivo” de Julio Cleto Cobos. La opinión pública parece dispuesta a premiar a quienes rechazan los úkases de Néstor Kirchner, establecen sus límites, son capaces de decir basta. Aunque sus muestras no son científicas, las encuestas informales generadas por las ediciones virtuales de los medios dieron una medida de esa reacción. Quizás la política muestre pronto otras consecuencias: no es imposible que la sonora negativa de Montoya a ser un candidato “testimonial” estimule a otros a imitarlo; tampoco cabe descartar que esa reacción termine siendo capitalizada por las listas electorales del peronismo disidente. Felipe Solá ya expresó que le gustaría contar en su boleta con el aporte de Montoya (que colaboró con él durante toda su gobernación). Y en esas filas se vaticinan también otros aportes. De intendentes, sin ir más lejos.

Las malas noticias siembran alarma en las carpas oficialistas, pero las tristezas deben ser contenidas. Aunque los economistas registran ya dos trimestres de caída de la producción, Néstor Kirchner ha decretado que la economía está floreciente y en plena reactivación; ordenó a sus legisladores frenar cualquier declaración de emergencia sanitaria por el dengue y prohíbe expresar análisis o vaticinios electorales por los que se filtren atisbos de pesimismo. Por cierto, no se tolera que trasciendan las encuestas que indican que en Buenos Aires la intención de voto por el Frente para la Victoria no asciende significativamente ni con la ayuda de una grúa y que el lastre ilevantable es el apellido que empieza con K. Hay audaces que imaginan ahora una boleta en la que figure Scioli y no esté Kirchner: las pruebas estadísticas aconsejan esa medida, porque, pese a su buena imagen personal, el gobernador se debilita al lado del esposo de la presidente como Superman cerca de kriptonita. Pero, ¿quién se atreverá a dar ese diagnóstico en Olivos? Si convocar al gobernador y a los intendentes a que lo acompañen (y lo rescaten) en la aventura del cuarto oscuro implica ya para Kirchner una confesión de desesperante debilidad, abandonar su ejército en el campo de batalla equivaldría ya a la peor derrota, no importa si a manos del adversario o de los propios capitanes.

Mientras Kirchner se debate contra los datos de la realidad, los hechos dan cuenta del progresivo agravamiento de la crisis. La industria automotriz, que fue una de las naves capitanas en los tiempos de viento en las velas, retrocede dramáticamente. En términos nacionales la caída de febrero de 2008 a febrero de 2009 fue del 55,7 por ciento. En algunas provincias el golpe fue aún más duro: en Santa Fé , mientras en los dos primeros meses del 2008 se produjeron 16.000 unidades, este año en el mismo período se fabricaron 5.200, un promedio de 2.600 por mes. En marzo la cifra bajó a apenas 640 unidades. Hay suspensiones, licencias anticipadas y despidos en puerta. El estado está subsidiando a algunas plantas; por ejemplo, a Peugeot-Citroen.

El encogimiento de la industria automotriz tiene consecuencias sobre la siderurgia: en marzo, la producción de hierro se redujo un 61,9 por ciento y la de acero, un 49,5 por ciento, según datos del Centro de Industriales Siderúrgicos. El derrumbe en autos y siderurgia tuvo efectos fuertes sobre el conjunto de la industria que, según la Unión Industrial Argentina, experimentó una caída del 12 por ciento en su producción.

Puesto que el INDEC ha sido destruido por la acción de Guillermo Moreno, para medir otros parámetros hay que guiarse por determinadas señales. Un indicador de la gravedad de la situación social puede ser esta información que ofreció la ciudad de Rosario en la reunión del Consejo Económico y Social: desde hace siete meses la demanda de asistencia social directa aumenta a un ritmo del 20 por ciento interanual. ¿Puede de allí colegirse que la pobreza y la indigencia se incrementan con esa intensidad? Según uno de los mayores especialistas en el tema, Ernesto Kritz, el índice de pobreza supera el 30 por ciento y va en aumento. Es comprensible: aumenta el porcentaje de trabajo en negro, que supera ahora el 40 por ciento, y es sabido que los trabajadores informales son los que se encuentran en la peor situación, con salarios y protección social notablemente más bajos que el contingente de los trabajadores formales.

A menudo el gobierno ha procurado justificar sus desbarres institucionales con el argumento presuntamente compensatorio de que ha mejorado la situación social en relación al pasado cercano. No se comprende por qué para mejorar la situación social habría que avasallar instituciones, pero dejando de lado ese detalle, la coartada tampoco se sostiene. Según cálculos de Javier Lindenboim, del Centro de Estudios de Población y Desarrollo, en 2006 (último punto en queél considera confiable las cifras del INDEC) , los asalariados recibían una tercera parte (34 por ciento) del producto nacional. Ese porcentaje es inferior a la porción del producto que recibían en la década del 90, que llegó a más del 40 y descendió al 37 por ciento con el tequila. Inclusive es menor que el del año 2001, cuando estaba en 38 por ciento. Para Lindeboin hoy la distribución es seguramente menor al 36 de tres años atrás por acción de la inflación y la caída en la creación de empleos.

Otra señal del decaimiento social es la epidemia de dengue, agravada por la patética gestión oficial que omite medidas por pretendidas cuestiones de imagen . Desde Olivos se ordenó esta semana al jefe de los senadores kirchneristas , Miguel Pichetto, que abortara la sesión en la que se declararía la emergencia sanitaria. Pichetto aplicó la obediencia debida cuando el debate ya había empezado ignorando inclusive a sus propios compañeros de bloque que habían sostenido el proyecto en la Comisión de Salud. “No vaya a ser cosa que coloquemos al país en el mapa rojo del mundo del dengue“, argumentó el senador, suponiendo tal vez que ese tipo de omisiones o mentiras tienen algún grado de sustentabilidad informativa. Actitudes como estas no consiguen que la Argentina aparezca “en el mapa rojo”, lo que sí obtienen es que el mundo desconfíe aún más de las informaciones del Estado.

La situación económica se deteriora y en paralelo marcha la situación social; la sombra siniestra que acompaña a esa pareja es la empinada inseguridad (o sensación de inseguridad, en términos oficiales). En la última semana se vivieron situaciones que indican el punto que sobre este tema viene alcanzando la crispación pública. Los hechos ocurridos en Valentín Alsina (una persona brutalmente asesinada por un menor en posesión de un arma muy poderosa y la agresiva reacción popular contra representantes del Estado: un fiscal, policías, funcionarios municipales), en aquel marco económico y social al que se suma el agravante de la arbitrariedad política, deben ser atendidos como sirenas de alarmas que alertan sobre el nivel crítico que ha alcanzado la temperatura ciudadana.

Faltan 70 días para el domingo 28 de junio.