PERONISMO Y DEMOCRACIA por Pascual Albanese

SIN DEMOCRACIA EN EL PERONISMO,
NO HAY DEMOCRACIA EN LA ARGENTINA.

El periodismo político y los politólogos suelen circunscribir exclusivamente como “la oposición” al actual gobierno a dos clubs políticos, cada vez más próximos entre sí: el “republicanismo” de matriz “progresista”, orientado por Elisa Carrió, y el “republicanismo” de cuño liberal, que en el pasado reciente pretendió liderar Ricardo López Murphy y busca ahora rodear, hasta la asfixia, a Mauricio Macri, tratando de embretarlo en la tarea de sustituir con el énfasis en la “gestión” las notorias indefiniciones y/o carencias de concepción doctrinaria, de pensamiento estratégico y de visión política.

Esos dos clubs políticos, definidos así no con una intención peyorativa sino en su exacto sentido histórico, o sea en su condición de formaciones históricamente similares a aquellas asociaciones ciudadanas aparecidas en la Francia de fines del siglo XVIII, antes de la irrupción de los partidos políticos tal cual se conocen en la actualidad, parecerían coincidir hoy en reflotar, aunque con un sentido valorativo enteramente opuesto, esa famosa definición de John William Cooke cuando calificaba al peronismo como “el hecho maldito del país burgués”.

En términos históricos, esa convergencia “republicana”, potenciada después de las elecciones presidenciales de octubre del 2007, no es para nada novedosa. Su primera expresión fue la Unión Democrática de 1945, cuya derrota en las urnas marcó el advenimiento del peronismo como la principal fuerza política argentina durante una década, interrumpida por un golpe de estado cívico-militar en el que esos “repúblicos” del 45 desempeñaron un rol preponderante.

Sí, como decía Hegel, la historia se repite primero como farsa y después como tragedia, la última encarnación de esa confluencia de raíz antiperonista fue la Alianza, esa efímera asociación entre el “republicanismo progresista” del FREPASO y el clásico “republicanismo radical”, encarnado en esa oportunidad por Fernando de la Rúa.

Para todas estas fracasadas experiencias históricas que van desde la Unión Democrática de 1945 hasta la Alianza de 1997, vale la inolvidable frase de Jorge Luis Borges “no nos une el amor, sino el espanto”, entendido en este caso el espanto como la metáfora literaria del “hecho maldito” de Cooke.

Pero, en materia de frustraciones colectivas, aquel pasado y este presente se empeñan en mezclarse. Porque estas “almas bellas” de la “anti-política”, todavía ilusionadas con el tañir de las cacerolas de diciembre del 2001, son precisamente las “viudas” de aquella Alianza, de ese formidable espejismo de las clases medias urbanas que se disipó como por arte de magia cuando las pantallas de los televisores mostraron, en vivo y en directo, la imagen del helicóptero presidencial huyendo de la Casa de Gobierno, en medio de un colapso económico y político y de una gigantesca explosión de violencia social, patentizada entonces en los saqueos a los supermercados, sólo comparable en sus dimensiones a la que en julio de 1989 precedió a la asunción de Carlos Menem, luego de la renuncia, también anticipada, de Raúl Alfonsín, artífice del penúltimo espejismo masoquista de esa clase media tan enamoradiza como sempiternamente traicionada.

El trágico derrumbe de De la Rúa, quien en su vertiginosa caída arrastró consigo al radicalismo, proyectó al peronismo, esta vez no tanto por sus propias virtudes sino por las carencias ajenas, a la condición de no ya la principal sino la única fuerza política de relevancia nacional, si como tal se entiende no a un grupo más o menos numeroso de ciudadanos honestos, capaces y bien intencionados sino a una opción de poder capaz de garantizar la gobernabilidad de la Argentina.

EL PUNTO DE INFLEXIÓN

Hace ya cuarenta años, cuando todavía ni se soñaba con el fenómeno de la globalización, en su libro ”La Hora de los Pueblos”, Perón decía que “la política puramente nacional es algo casi puramente de provincias. Hoy todo es política internacional, que se juega adentro o afuera de los países”. La cita viene a cuento del hecho de que el saldo del colapso del gobierno de la Alianza no fue solamente de orden doméstico, sino que tuvo insospechadas proyecciones en el escenario sudamericano.

Desde diciembre del 2001, la Argentina pasó a integrar, junto a Perú, Ecuador y Bolivia, el arco de países de la región cuyos presidentes constitucionales suelen ser derrocados ya no por golpes militares, como sucedía hasta la década del 80, sino por revueltas callejeras producidas en los grandes centros urbanos como ocurrió reiteradamente en Quito o La Paz.

Esa misma “andinización” política forzó luego la renuncia de Adolfo Rodríguez Saá y, pocos meses más tarde, el abrupto adelantamiento de las elecciones presidenciales promovido por Eduardo Duhalde ante el temor por las derivaciones de las reacciones de protesta desatadas a raíz de la muerte de dos manifestantes en el Puente Pueyrredón de Avellaneda.

No se trata de una simple analogía periodística, sino de un punto de inflexión histórico. América del Sur está dividida actualmente por un hilo político, no ideológico ni tampoco geográfico, que separa básicamente a dos categorías de países. La primera categoría está integrada por Brasil, Chile, Uruguay y Colombia, que tienen un sistema de partidos políticos que, mejor o peor, funciona con cierta regularidad. Todos estos países implementan también estrategias orientadas a su inserción en el escenario mundial. La segunda categoría está compuesta por Venezuela, Bolivia y Ecuador, que carecen de un sistema político estable. En estos casos, la opción estratégica es por una política de aislamiento y confrontación en el plano internacional.

Más allá de la retórica discursiva, lo que verdaderamente define al denominado “populismo” como fenómeno político en el escenario latinoamericano del siglo XXI es su condición de sucedáneo de una “democracia fallida”. En ese sentido, el “populismo” como fenómeno político está caracterizado por la existencia de un liderazgo aglutinante sin el respaldo de una genuina organización política ni la existencia de contrapesos institucionales.

La principal diferencia que separa a Lula, Michelle Bachelet, Tabaré Vázquez y Alvaro Uribe de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa es la existencia o la inexistencia de un sistema de fuerzas políticas organizadas y de contrapesos institucionales que funcionen más o menos regularmente en sus respectivos países.

Lula, Bachelet, Vázquez y Uribe se apoyan en sistemas institucionales estables y partidos políticos sólidamente constituidos. Chavez, Morales y Correa, que carecen de esas bases de sustentación, y - más aún - son en parte producto del vacío derivado de esa inexistencia, gobiernan anclados casi exclusivamente en el aparato del Estado, favorecidos por una coyuntura internacional extraordinariamente favorable por el fenomenal incremento del precios de los commodities..

Si se deja de lado la relativa atipicidad del caso paraguayo, el mapa político sudamericano presentó en estos últimos años dos mudanzas significativas. La primera de esas mudanzas sucedió en Perú. La victoria electoral del APRA (una fuerza política con hondas raíces históricas y décadas de continuidad, fundada por el legendario Víctor Haya de la Torre) sobre el mayor Ollanta Humala, cuya candidatura era respaldada por Chávez, en las elecciones que encumbraron nuevamente en la presidencia a Alan García, logró aproximar a Perú al arco configurado por Brasil, Chile, Colombia y Uruguay.

Pero la otra gran mudanza política, sin duda mucho más significativa por su notoria gravitación en el escenario regional, fue protagonizada precisamente por la Argentina, que realizó el camino inverso al de Perú. La hecatombe de diciembre de 2001, que puso fin al sistema bipartidista que rigió desde 1983, acercó a la Argentina, en términos institucionales, a la realidad imperante en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Allí reside la raíz estructural en la que luego anidó el fenómeno de Néstor Kirchner.

EL PERONISMO COMO ÚNICO ACTOR POLÍTICO

Para evitar confusiones, vale la pena subrayar aquí que, contra lo que afirma la prédica incesante del antiperonismo de izquierda y de derecha, el peronismo nunca fue un fenómeno “populista”, al menos en el sentido con que actualmente se utiliza esa expresión, sino un gran movimiento popular, el más importante de América Latina.

Esa condición de movimiento popular, con una fuerte identidad doctrinaria, fue la principal razón de la continuidad y vigencia histórica del peronismo luego de la desaparición de su líder. Perón siempre marcó el valor central de lo orgánico: “la organización es el primer paso para cumplir cualquier obra”. Uno de sus apotegmas más repetidos fue aquél de que “sólo la organización vence al tiempo”. En su visión doctrinaria, siempre diferenció el concepto de “masa” de la noción de “pueblo” y destacó que la diferencia ente “masa y “pueblo” reside precisamente en la organización.

Para Perón, el poder es organización y la organización es poder. Desde ese punto de vista, lo más importante de la década 1945-55 no fueron las extraordinarias realizaciones sociales de aquellos años, sino la organización autónoma de los trabajadores, que permitió después del 55 defender esas conquistas e impulsar durante 18 largos años la lucha por el retorno de Perón. Estructuralmente, el “populismo” es pre-peronista.

Por ausencia de toda otra alternativa, en diciembre del 2001 el peronismo pasó a ocupar la totalidad del escenario político argentino, entendido no en el sentido del lugar de expresión de las opiniones sino en el del ámbito de toma de las decisiones. El problema es que, al mismo tiempo, “este” peronismo, erigido en única opción de poder en la Argentina, atravesaba y atraviesa una profunda crisis, que se manifiesta en dos dimensiones estrechamente vinculadas entre sí: una seria crisis de identidad, manifestada en la ausencia de una actualización doctrinaria que lo ubique en el mundo del siglo XXI, y también una crisis de representatividad y una notoria parálisis política. Su expresión emblemática fue la intervención judicial del Partido Justicialista, digitada desde la Casa de Gobierno, y el hecho, mundialmente inédito, de que haya sido el interventor judicial la única autoridad partidaria que consagró la candidatura presidencial de Cristina Kirchner.

Estos datos constituyen mucho más que simples detalles de la vida interna del peronismo. Revelan el estado generalizado de fragilidad institucional que atraviesa la Argentina. Porque el peronismo no es sólo un partido político más, cuya suerte sólo puede importar a sus adherentes. Es el eje indiscutido del sistema político argentino. Sin democracia en el peronismo, no hay democracia en la Argentina.

En rigor de verdad, ese congelamiento político del peronismo, con el consiguiente vacío de conducción, no es obra originaria de Kirchner, sino que fue la causa misma de su encumbramiento. En el 2003, urgido por las circunstancias y para evitar un previsible triunfo de Menem, Duhalde impulsó la anulación de la convocatoria a las elecciones internas para elegir la fórmula presidencial del Partido Justicialista. Desde entonces, el peronismo careció de una expresión política organizada a nivel nacional. En su provisorio reemplazo, sólo quedó el aparato del Estado, convertido en la única maquinaria política en funcionamiento. Fue en virtud de esa engrasada maquinaria burocrática y presupuestaria, centrada en el manejo de “la caja” y en el control territorial de la provincia de Buenos Aires, que Duhalde pudo entronizar en el poder a Néstor Kirchner en el 2003 y que Cristina Kirchner logró imponerse en octubre del 2007.

PARTIDO DEL ESTADO

Contra lo que muchas voces insisten todavía en pregonar, tanto en el oficialismo como en la oposición, el verdadero “partido gobernante” en la Argentina de hoy no es en realidad el peronismo sino el “Partido del Estado”. La denominada “Concertación Plural”, que motorizó oficialmente la fórmula Cristina Kirchner-Julio Cobos, no es el resultado de un acuerdo programático y orgánico entre el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, sino el entendimiento “transversal” entre la mayoría de los gobernadores e intendentes del peronismo y el radicalismo, coercionados económicamente por el gobierno nacional.

Esta realidad es consecuencia de la conversión de la política en una práctica absolutamente vacía de ideas, reducida a un conjunto de procedimientos ejecutados por una corporación de políticos profesionales cuyo único común denominador es la pretensión de sus integrantes de mantenerse indefinidamente en el usufructo de sus espacios de poder.

La principal base de sustentación material de esa estrategia de subordinación de las provincias y los municipios al poder central, que arrasa con la vigencia del federalismo consagrado por la Constitución Nacional, son las retenciones a las exportaciones, que tienen una importancia política aún mayor que su propia significación económica. Por su carácter no coparticipable, esas retenciones conforman una gigantesca masa de fondos presupuestarios distribuida con absoluta discrecionalidad para disciplinar políticamente a gobernadores e intendentes. En términos prácticos, la Argentina es hoy un Estado unitario, que necesita imponer esa condición al propio peronismo para poder subsistir.

Este sistema político de “Partido del Estado” es coherente con el actual modelo económico de “capitalismo de Estado”. Y esta combinación político-económica constituye el núcleo del parentesco entre el “kirchnerismo” y el “chavismo”. Paradójicamente, ambos coinciden con Carlos Marx en la definición de que “el Estado es el comité de administración de los negocios de la burguesía”. El “valijagate” puso de relieve hasta qué punto el llamado “socialismo del siglo XXI”, montado en el espectacular ascenso del precio del petróleo, encubre ideológica y propagandísticamente la consolidación del poder económico de la denominada “boliburguesía” venezolana.

Esa “boliburguesía” venezolana tiene ahora su réplica en la Argentina. Es una suerte de “kirchnoburguesía” encarnada por un conjunto de empresarios asociados al poder político que, recubiertos tras la bandera del “capitalismo nacional”, eufemismo por “capitalismo de amigos”, prosperan a través de sus lucrativos negocios con el Estado, especialmente en materia de obras de infraestructura, y cuentan además con la ayuda oficial para apropiarse, total o parcialmente, de empresas petroleras, de compañías concesionarias de servicios públicos o de actividades que funcionan bajo licencia estatal, como el juego. Se trata, en definitiva, de una retórica ideológica del “setentismo tardío” combinada con una versión actualizada de aquellas prácticas corruptas de la “Patria Contratista” que imperaron en la Argentina hasta la década del 90.

QUÉ HACER

En este contexto, la pregonada digitación de Kirchner como titular del Partido Justicialista, gestionada desde su oficina de Puerto Madero, no implica de ningún modo un avance hacia la institucionalización del peronismo, que constituye una condición absolutamente necesaria para la consolidación institucional de la Argentina.

Muy por el contrario, estamos frente a un ensayo que pretende la “estatización” del peronismo, orientada a promover un vaciamiento de sus raíces doctrinarias y anular su vitalidad política. Es una ofensiva contra el carácter del peronismo como movimiento popular, hondamente democrático, a fin de degradarlo a la condición de un simple “populismo”, carente de una organización política real y pasible de ser manipulado desde el aparato del Estado. Su objetivo no es impulsar la organización política del peronismo sino impedirla.

Sólo la realización de un proceso electoral absolutamente democrático y transparente, iniciado con la remoción del actual interventor judicial, manipulado como un títere desde la Casa Rosada, y una previa etapa de reafiliación obligatoria para depurar los padrones partidarios, una Junta Electoral con la participación de todas las corrientes internas, una justicia electoral independiente e imparcial, que impida la malversación de fondos públicos que implica el empleo proselitista de los recursos económicos del Estado, y un sistema que asegure el respeto al requisito estatutario de representación de las minorías en los cuerpos orgánicos, puede legitimar a una auténtica conducción del Partido Justicialista, susceptible de ser respetada por todos, ganadores y perdedores. Cualquier otro mecanismo electoral constituiría una farsa fraudulenta que no corresponde legitimar.

En su histórico discurso del 21 de junio de 1973, pronunciado horas después de los enfrentamientos de Ezeiza que signaron su regreso definitivo a la Patria, Perón afirmaba: “los peronistas tenemos que retornar a la conducción de nuestro Movimiento, ponerlo en marcha y neutralizar a los que pretenden deformarlo desde abajo o desde arriba”. Ese mandato tiene hoy más vigencia que nunca. Nuevamente, las circunstancias exigen hoy asumir ese desafío. Con independencia del calendario electoral, es imprescindible impulsar ya mismo, a nivel nacional, la articulación de una amplia red de dirigentes y cuadros políticos del peronismo para hacerse cargo de esa formidable tarea pendiente.

Esa construcción política tiene que plantearse en una doble dimensión: hacia adentro y hacia afuera del peronismo. Hacia adentro del peronismo, el objetivo es llegar a conformar una “masa crítica” dotada de poder suficiente como plantarse seriamente como una alternativa real al oficialismo. Esto implica generar un amplio espacio de coincidencias, capaz de atraer a todos los dirigentes y sectores políticos y sindicales que no comulgan con el proyecto oficial de vaciamiento del peronismo. Para vencer, hay que convencer. En una primera etapa, es necesario entonces poner énfasis en lo cualitativo más que en lo cuantitativo y encarar una acción que integre lo específicamente territorial con una visión política nacional.

Hacia afuera del peronismo, es imprescindible forjar una muy amplia coincidencia cívica nacional, que englobe sin exclusiones a todos los actores políticos y sociales comprometidos en la defensa de la institucionalidad democrática, en la limpieza electoral y en el restablecimiento de reglas básicas de convivencia en la sociedad argentina, fundadas en el apotegma de Perón de que “para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino”.

Pero toda esta inmensa tarea no puede estar “envasada al vacío”, limitada a un ejercicio de “ombliguismo político” desentendido del aquí y ahora. Tiene que asumir una presencia activa dentro de todas las organizaciones sociales y establecer una estrecha conexión con las múltiples expresiones de disconformidad que surgen cotidianamente desde las entrañas de la sociedad argentina.

En los clásicos términos de Mao Tse Tung, esta amplia red de dirigentes y cuadros políticos del peronismo tiene que ser capaz de moverse como “pez en el agua” en los reclamos de los millones de usuarios afectados por los cortes de electricidad y de agua, en las luchas de los trabajadores por una actualización salarial acorde con el incremento del costo de la vida, en las movilizaciones de los vecinos por la seguridad pública, en las denuncias ciudadanas contra los hechos de corrupción, en las exigencias de una reforma política que implique la reimplantación de la derogada y nunca aplicada ley de elecciones internas abiertas, obligatorias y democráticas en todos los partidos políticos, en las legítimas protestas de los sectores productivos contra las medidas y actos de agresión implementados desde el gobierno, en las manifestaciones de defensa del Estado de Derecho contra los atropellos de cualquier naturaleza y en los actos de reivindicación del federalismo y la autonomía de las provincias y municipios frente a la prepotencia del poder central.

Esa presencia pública, implementada a través de todas las iniciativas que surgen espontáneamente del hecho de desatar las energías y la creatividad que siempre caracterizaron la acción de la militancia del peronismo, requiere expresarse también en la afirmación de una política de reconciliación nacional y en la defensa permanente de los valores y las tradiciones culturales y religiosas del pueblo argentino, incluidas instituciones fundamentales como la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas, hostigadas desde el oficialismo con una prédica ideológica “retro-progresista”, un original caso de dislexia ideológica cuyo síntoma inequívoco es calificar de retrocesos a los avances y de avances a los retrocesos.

El comienzo de este nuevo mandato presidencial, signado por las consecuencias de la crisis energética, el alza de precios y los coletazos políticos del “valijagate”, revela que el “kirchnerismo” ya inició su etapa de decadencia. Comenzó su camino de vuelta. La Argentina, que hoy navega a la deriva en el escenario mundial, requiere recrear la acción política, en el sentido que la definía Perón como “la lucha por la idea”, para que vuelva a ser capaz de definir con claridad un rumbo estratégico, una visión de mediano y largo plazo que guíe su destino por varias generaciones.

Desde su nacimiento en 1945, el peronismo tuvo la virtud de reinventarse a sí mismo frente a cada uno de los renovados desafíos que le planteó la historia. Las nuevas condiciones del siglo XXI nos demandan, una vez más, el ejercicio de esa actualización doctrinaria que tantas veces practicó y reclamó Perón.

Esta nueva actualización doctrinaria tendrá que traducirse en una propuesta programática acorde con los tiempos, que brinde respuestas concretas y realizables a los problemas que afectan a los argentinos de carne y hueso. Es absolutamente necesario que, para el momento inexorable en que la crisis vuelva a asomar su rostro en el horizonte, el peronismo esté efectivamente preparado para colocarse a la altura de las circunstancias.

Porque lo que viene en la Argentina después de Kirchner no es para “clubs”. En un artículo publicado en La Nación a fines de diciembre pasado, Jorge Fernández Díaz, editor de ADN (el suplemento cultural del diario) y, por lo tanto, un periodista insospechable de militancia peronista, lo dijo mejor que nadie: “Hasta Néstor Kirchner está decepcionado de la oposición. Admite, a regañadientes, que ninguna democracia exitosa económica e institucionalmente prospera con partido único y sin alternancia ni bipartidismo. Sabe que, si no evoluciona por afuera, una oposición de centro-derecha surgirá tarde o temprano del propio peronismo y que sobrevendrán como siempre la crueldad, el destripamiento, la lucha sin cuartel y la amnistía y, al final, la cohesión. La guerra peronista hace temblar a los peronistas que detentan el poder, porque saben que del otro lado no hay muchachos testimoniales con la valija armada al lado de la cama, sino políticos con hambre que quieren cambiar la historia”. De eso se trata.