Esa “lucha por la idea” y la participación de los afiliados en las decisiones fueron reemplazadas en todos los partidos políticos argentinos por caudillismos personalistas, que excluyen a los afiliados de toda participación en la toma de decisiones y tienden a reducir a esos partidos a la pobre condición de sellos utilizables en operaciones electoralistas para difundir imágenes y mensajes empobrecidos entre un electorado degradado de la condición de pueblo a la de opinión pública.
La reducción de la política a unos cínicos procedimientos vacíos de ideas, de valores y de sentido trascendente, que son practicados por una corporación oligárquica que busca mantener el control sobre la sociedad y servirse del poder como un objetivo en sí mismo; es uno de los principales motivos del descreimiento que la política suscita en nuestro pueblo en general y en las generaciones jóvenes en particular.
Esos vicios funcionales de los partidos políticos causan graves fallas en los procedimientos de selección y elección de los representantes, influyen en la baja calidad de los servicios que los gobernantes brindan a la sociedad y aumentan el descontento hacia la política en general que, durante la crisis del 2001, se expresó en la consigna que reclamaba “que se vayan todos”.
Como no podía ser de otro modo y según se puede constatar en el escenario del poder político actual, lejos de irse casi todos se quedaron y la irresuelta crisis del sistema de representación institucional y de los partidos políticos buscó ser procesada por todos y cada uno de los diversos sectores e intereses que conviven y compiten en nuestra sociedad tratando de obtener sus reivindicaciones e incidir en su favor en los sistemas de toma de decisiones, recurriendo a los siguientes procedimientos básicos:
- Lograr un acceso personal y directo a quienes dirigen esos centros de toma de decisión e influir sobre ellos a través de diferentes vías informales y en muchos casos ilegales o ilegítimas (que van desde el soborno a la extorsión), en lo que se suele designar con el término inglés “lobby”.
- Movilizarse en las calles y ocuparlas con el mayor escándalo posible, para exponer los reclamos sectoriales y presionar a los poderes institucionales, aprovechando el generalizado incumplimiento de las leyes destinadas a resguardar el orden público.
- Utilizar a los medios de comunicación masiva para generar opinión en favor de intereses y ambiciones parciales y presionar sobre los decisores, que dependen del favor de esa opinión pública para conservar sus posiciones.
Es cierto que, mutatis mutandi, estos métodos también son de uso habitual en las democracias maduras, pero no es menos cierto que en ellas los gobernantes suelen tener representatividad, poder y autoridad reales por cuanto accedieron al gobierno a través de procedimientos de selección y elección participativos y democráticos y están sometidos a cierto grado de control de parte de sus representados y por tanto esos procedimientos son complementarios de los medios institucionales a la hora de influir en los titulares de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales de los niveles locales, provinciales y nacionales.
En cambio, la Argentina de hoy, lo que se busca por esas vias es incidir de forma directa sobre quienes ocupan los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales en los niveles locales, provinciales y nacionales; dado que los sistemas institucionales no atienden ni expresan las demandas sectoriales y que muchos de los representantes surgen de mecanismos de cooptación oligárquicos, por lo que carecen de representatividad, autoridad e idoneidad, aunque dispongan del poder y reúnan condiciones de legalidad y legitimidad formales.
La ineficiencia, la baja calidad y los casos de corrupción de los representantes y los partidos políticos argentinos suelen ser señaladas en tono crítico, sobre todo desde espacios sociales no involucrados en forma directa y evidente en el mundo político, como el periodismo, los círculos académicos, los ámbitos empresarios y las llamadas organizaciones no gubernamentales .
A esos críticos externos se les podría recordar una letrilla que decían los españoles en tiempos de la lucha con los moros: “vinieron los sarracenos / y nos molieron a palos / que nada pueden los buenos / si no son más que los malos”.
Porque si es verdad que en los últimos años la baja calidad de los partidos políticos, de sus dirigentes y de los representantes surgidos de ellos explica el extendido rechazo popular a la política; también es verdad que la renuencia popular a involucrarse en la vida partidaria facilita los manejos oligárquicos del caudillismo político, con lo que se acentúa el deterioro de la calidad de los partidos y los sistemas de representación.
Se estableció así un circulo vicioso en el que los defectos de la vida política ahuyentan de ella a las buenas personas, pero la ausencia de buenas personas en la vida política agudiza sus defectos, de lo que resulta el deterioro general del sistema democrático y de la calidad de vida de todos los argentinos.
Para salir de ese círculo vicioso, reivindicar a los partidos políticos y reconciliarlos con la sociedad, una de las condiciones es que los peronistas – que somos aproximadamente a un 35 por ciento del electorado argentino - asumamos nuestras indelegables responsabilidades de cara a la situación política nacional.
Se trata de construir un ámbito propicio para que los peronistas “esclarezcamos nuestras discrepancias y, para hacerlo, no transportemos al diálogo institucionalizado nuestras propias confusiones; limpiemos por dentro nuestras ideas primero, para construir el diálogo social después”, siguiendo el lúcido consejo que nos daba Perón hace más de 30 años.
Para empezar a superar esa confusión y sobre todo para restaurar la calidad del sistema político argentino y dotarlo de efectiva autoridad para contener, expresar y sobre todo armonizar las legítimas y diferenciadas ambiciones e intereses de los sectores que componen nuestra comunidad en función del bien común, el primero y principal paso necesario es la reorganización democrática del Partido Justicialista.
Sabemos que hay quienes dicen que la tarea pendiente es reconstruir el Movimiento Nacional Justicialista y que sería un error distraerse de esa misión para dedicar esfuerzos a restablecer al partido, al que se considera un mero instrumento electoral.
Por nuestra parte seguimos creyendo en la 8ª. Verdad del peronismo que señala que “en la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente: primero la patria, después el movimiento y luego, los hombres” y también en la 9ª. Verdad que afirma que “la política no es para nosotros un fin sino sólo un medio para el bien de la patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional”.
Pero estamos convencidos que el mejor modo de servir a los legítimos intereses y ambiciones de la patria, del movimiento y de los hombres – en ese orden – es hoy promover la reorganización democrática del Partido Justicialista de un modo que ayude a volver a encender la esperanza y la voluntad participativa en muchos miles de compañeras y compañeros, alejados hoy de toda participación política y concentrados en su vida personal, familiar o laboral, que hasta no hace tanto tiempo fueron activos militantes de la causa peronista.
Un camino virtuoso de reorganización del PJ podría inducir a que muchas compañeras y compañeros revisen la postura de distanciamiento que se expresa diciendo “yo no me meto en política, yo soy peronista”, en tanto se pruebe que hay una política auténticamente peronista en la vale la pena meterse.
Valga recordar que los ejemplos de Perón y Evita - quienes a partir de 1945 dedicaron sus vidas a servir al pueblo y a la patria a través del pensamiento y de la acción política – que fueron seguidos por miles de compañeras y de compañeros que practicaron y practican una concepción virtuosa de la política, según lo prueban con el testimonio vital de una militancia dedicada al servicio a los otros, brindado desde los espacios institucionales de poder o fuera de ellos.
Para iniciar la reorganización democrática del Partido Justicialista, al menos en el plano instrumental, bastaría con que se adopten las siguientes medidas, tan sencillas como concretas:
- Convocar a la reafiliación al Partido Justicialista en todos los distritos del país y elaborar así nuevos padrones provinciales y nacionales que sean reales y transparentes.
- Conformar una Junta Electoral en la que estén debidamente representadas las diversas corrientes internas del peronismo.
° - Llamar a elecciones internas de autoridades partidarias y de congresales nacionales, provinciales y de distritos, mediante el voto directo de todos los afiliados incluidos en los nuevos padrones.
- Reunir a los congresales provinciales y nacionales electos en esos comicios internos, para definir la línea política del Partido Justicialista y actualizar sus normas orgánicas.
Esas medidas pueden llevar a la reconstrucción de un Partido Justicialista con padrones depurados; cuyos afiliados decidan quienes son sus dirigentes y candidatos en elecciones internas libres; con una organización y un funcionamiento democrático que permita a sus integrantes participar con libertad y posibilidad de decisión en la definición de sus líneas políticas, su plataforma y sus programas; en el que se respete la conducción ejercida por quienes tienen la mayoría y se de representación a las minorías; que desarrolle actividades permanentes y serias de capacitación doctrinaria y política; todo lo cual abriría camino a una democracia mucho más sólida y verdadera.
Un Partido Justicialista así reorganizado ordenaría los enfrentamientos internos y podría acotar las postergaciones, los resentimientos y los reclamos que se generan en cada cierre de listas en todos los niveles, provocados por el hecho que la definición acerca de quienes son los candidatos a cargos electivos y quienes quedan afuera resida en la decisión subjetiva de quienes ejercen una conducción circunstancial, no surgida de elecciones internas claras y transparentes.
El único “dedo” que los peronistas aceptábamos a la hora de definir candidaturas era el dedo de Perón y la prueba de ello es que desde la muerte del General hasta hoy sólo hubo un candidato presidencial dotado de legalidad, legitimidad y autoridad para todos los peronistas y ese candidato fue Carlos Menem, después de ganar las elecciones internas de 1988.
Así, al menos en lo concerniente al PJ, se estaría así cumpliendo con artículo 38 de la Constitución Nacional que dispone que: “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas.”
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