Panorama político nacional de los últimos siete días

Complicidad de la víctima
por Jorge Raventos

“Besé la mano del guardián
y lo ayudé a bruñir cerrojos
con esa antigua habilidad que tengo
para borrar innecesariamente
toda huella de bien habida corrupción.
Permití las tinieblas,
rigores me tranquilizaron.”

María Elena Walsh, Complicidad de la víctima

María Dora Anahí Sánchez sostuvo por una radio porteña de gran audiencia que el poder central “disciplina con plata a los gobernadores”; agregó: “se sabe perfectamente que a muchas provincias las presionan con el voto de los legisladores”. Y concluyó: “Lamentablemente tenemos que reconocer que no tenemos un país federal”.

Ni la señora Sánchez es una politóloga ni sus aseveraciones son frases extraídas de alguna tesis académica: ella es senadora por la provincia de Corrientes y esas declaraciones son, más bien, una confesión. La senadora trataba de explicar por Radio Mitre por qué motivos había respaldado con su voto la ley kirchnerista de medios audiovisuales inmediatamente después de calificarla como “un mamarracho” y “un mamotreto”. Con cierto candor, la senadora arguyó que “votando a favor de esta ley por la que estaba tan interesado el Gobierno por lo menos se puede suavizar la relación con Corrientes”.

Correcciones clandestinas

Néstor Kirchner había ordenado que en el Senado no se tocara ni una coma. “El oficialismo no quiso ni siquiera corregir errores notorios y notables del texto que llegó desde la Cámara Baja: había que aprobar a libro cerrado para el proyecto no volviera a Diputados”. Como estaba cantado, la norma se votó con fallas de compaginación que volvían incomprensibles algunas secciones. Para poner las cosas en orden, el oficialismo decidió rectificar esos errores clandestinamente y así promulgó y publicó un texto diferente del que el Congreso había votado. ¿Un escándalo? Seguramente lo sería en un país normal. En la Argentina K no es más que “un detalle”. Hasta diciembre el oficialismo cuenta con una mayoría residual en el Congreso (emanada no de la última elección, sino de las dos anteriores: 2005 y 2007) que desaparece en ocho semanas. Con esa relación de fuerzas se considera autorizado a hacer lo que quiera.

Que ante una situación de emergencia financiera un gobierno provincial cierre un trato pampa con el poder central es comprensible, aunque pueda ser cuestionable. Lo que se ve menos lógico es que, si tienen problemas de recursos, los poderes provinciales no corcoveen cuando la caja central se queda con fondos que en principio son reivindicables por los distritos. Aun si se admitiera que las provincias “hacían negocio” entregando el voto de sus legisladores para contribuir a la hegemonía mediática del kirchnerismo si a cambio recibían fondos frescos o promesas de obras (esas obras generalmente sobrevaluadas que construye la administración central), lo que no se entiende es que hayan repetido la conducta y apoyado sin tocar un punto otras normas, en las que podían haber peleado simultáneamente por su caja y por su autonomía: la ley de presupuesto, la extensión (por varios años, ni siquiera por un ejercicio, como era hasta ahora) de media docena de impuestos sin cambios en los criterios de distribución y los “superpoderes”, que permiten al gobierno central manejar a su gusto y sin controles decenas de miles de millones de pesos.

Con ese comportamiento, los poderes provinciales que respaldaron al oficialismo se complicaron voluntariamente en la situación que había descripto la senadora correntina: la de ser disciplinados con plata. Admitieron que del llamado impuesto al cheque la Nación sólo distribuya a las provincias el 15 por ciento; no abrieron la boca sobre los fondos que, cuando se inició la reforma de jubilaciones de los años 90 y el sistema estatal de reparto debía atravesar una transición deficitaria, las provincias derivaron al ANSES (15 por ciento de la masa coparticipable). Hoy, cuando ANSES declara superávit y se ha transformado en una caja de financiación del sector público central, ¿no deberían volver esos fondos a la coparticipación de donde se extrajeron?

Los poderes provinciales que respaldaron los proyectos del oficialismo se contentaron con la modificación de la ley de Responsabilidad Fiscal, que –en lugar de los fondos que las provincias pueden reclamar- les entrega la libertad de endeudarse en gastos corrientes, al suspender por dos años los límites legales que lo impedían.

El centralismo fiscal

Conviene recordar algunos hechos. El país se encuentra en mora en cuanto a la discusión y establecimiento de un nuevo régimen de coparticipación federal. La Constitución de 1994 estableció un plazo de dos años para votar una nueva ley en la materia, que reemplazar la que en 1988 se aprobó con acuerdo de los grandes partidos. Todavía no se ha cumplido aquel mandato constitucional.

La Ley de 1988 aseguraba a las provincias el 57,66 por ciento de la recaudación de impuestos nacionales y, aunque fue modificada en 1992, las provincias nunca –ni siquiera durante la dictadura militar- recibieron en concepto de coparticipación porcentajes más bajos que los que perciben actualmente. En la década del 90 las provincias recibían automáticamente el 43 por ciento de los ingresos de la Nación; bajo la presidencia de Fernando De la Rúa, el 40,9 por ciento.Durante los gobiernos militares el porcentaje había sido de 32,6 por ciento. Hoy, apenas supera el 30 por ciento, lo que transgrede la Ley 23548 (art.7) que fija un piso mínimo del 34 por ciento.

El gobierno central transfiere, por fuera del régimen de coparticipación, pero justamente ese sistema es el que refuerza la dependencia y vulnerabilidad de los gobiernos provinciales, ya que esas transferencias discrecionales responden a un toma y daca cuyo objetivo es el disciplinamiento forzado: reciben por vía de concesión graciosa del poder central lo que en la coparticipación es automático y propio. Es obvio que este sistema vampiriza la autonomía política de las provincias. No puede existir un auténtico federalismo político que no estésustentado en la autonomía financiera de los estados provinciales. Por la inversa, cuando el gasto provincial se financia con recursos que emanan de favores de la caja central, cede la autonomía y se está en presencia de gobiernos provinciales débiles y dependientes.

Alieto Guadagni sugiere comparar con el caso brasilero “donde la tercera parte de los ingresos tributarios es captada directamente por los estados y municipios, y donde el impuesto que más recauda no es federal sino estadual”. De ese modo, apunta Guadagni, “ se consolida la autonomía política de los estados provinciales, ya que Brasilia solamente les financia la quinta parte de sus gastos, por este motivo los gobernadores ejercen su representación de los intereses locales sin ninguna atadura que los sujete por cuestiones de caja. Son así verdaderos gobernadores y no delegados del poder central."

Acá, en cambio, puede hablarse de “complicidad de la víctima”. La falta de insistencia, trabajo político y coordinación de los poderes provinciales para defender sus derechos ante el poder central los entrega, atomizados y vulnerables, a la dependencia en un proceso de concentración que actúa como un gran agujero negro. El resultado es que, pese a varios años en los que la economía mundial puso viento en las velas de la economía argentina, hoy hay más pobreza en la sociedad, es decir: provincias, empresas y ciudadanos más pobres. Y un país sin inversión, lo que se vuelve una carga para el futuro.

Estilo K

La gran fuerza concentradora se llama Néstor Kirchner: él manda, él dispone, él impone el ritmo, la intensidad y el estilo de los conflictos. Por la naturaleza de su sistema de poder, todo el dispositivo del oficialismo le está subordinado. Las cosas que ocurren en la esfera del poder, ocurren porque él las ordenó o porque él las aprobó.

Hoy se sabe que hasta se ocupó personalmente de seducir tránsfugas del Pro para que votaran los proyectos del oficialismo.

¿Es posible imaginar que el Canal 7 difunda un video anónimo, amañado por agentes de inteligencia, como el que intentó golpear a un prestigioso periodista del diario La Nación sin que Olivos lo apruebe? ¿Es posible que exista, lisa y llanamente, esa operación sin el úkase correspondiente? ¿Es posible (para no dejar de analizar la hipótesis) que esas decisiones y las ruindades que las acompañan corran por cuenta autónoma de un alma buena como el director de medios públicos o de los campeones de la ética que actúan de periodistas en el programa que hizo de hueco de salida de la operación de inteligencia? Las respuestas son obvias. Para Gerardo Morales, el principal vocero del radicalismo, no hubo dudas sobre la inspiración política de los grupos que el viernes arrasaron el salón de San Salvador de Jujuy donde debía participar de un panel y atacaron a los presentes, público y disertantes.

Otro tanto puede decirse sobre el proyecto de investigación compulsiva de ADN que el oficialismo ya aprobó en comisión en el Congreso y al que se refirió con vigor Elisa Carrió. No será la primera vez que bandera de los derechos humanos es empleada para una guerra particular.

Néstor Kirchner moviliza sus módicos ejércitos en distintos frentes, mientras en sus discursos enarbola por estos días “las banderas del amor y de la justicia". Conviene, siguiendo su viejo consejo, juzgarlo por lo que hace, antes que por lo que dice.Lo significativo es que, en paralelo con sus iniciativas, lo que se registra en el seno de la opinión pública es una caída continua en la imagen del ex presidente, tanto como en la de su señora esposa. Ambos orillan apenas los 20 puntos de imagen positiva en línea descendente.

Decadencia y ofensiva

Esa doble, en cierto sentido paradójica, circunstancia –imagen en decadencia, arrolladora ofensiva- se traduce en una agresividad en ascenso y en el mensaje implícito de que para Kirchner todas las batallas son “existenciales” (ponen en juego la existencia). Ese mensaje es el que algunas de sus víctimas y algunos de sus adversarios empiezan ahora a decodificar, a medida que van perdiendo las ilusiones en alcanzar acuerdos o consensos con Olivos. Parece claro que para Néstor Kirchner cualquier consenso se reduce a que los demás firmen al pie de las cláusulas que el redacta. De lo contrario…

Pese a algunas muestras externas de disciplina y hasta obediencia, en el peronismo se observa un hormigueo de inquietud: si la ofensiva de Olivos está destinada –como muchos temen- a culminar en una candidatura presidencial de Néstor Kirchner, el justicialismo estaría seguramente condenado a la derrota. Sin duda nunca superaría un ballotage. Y muy probablemente caería antes, sin llegar a esa fase decisiva.

En la provincia de Buenos Aires, en el poblado conurbano, una legión de intendentes peronistas está tratando de independizar las elecciones municipales de las elecciones provincial y nacional. “Si tenemos que perder, que sea por pecados nuestros, no por tirarnos al agua con un salvavidas de plomo”, resume la idea un jefe territorial. Los intendentes quieren autonomía táctica en cualquier caso. Muchos de ellos están analizando caminos alternativos a las boletas que pueda urdir Olivos. Un número importante alienta discretamente el armado de la Confederación de Agrupaciones Peronistas que impulsa Eduardo Duhalde para darle batalla a Kirchner en el distrito estratégico –la madre de todas las batallas- y en la puja por el control del peronismo.

Las víctimas de la agresividad K empiezan a alejarse de la servidumbre voluntaria, comienzan a cavar túneles de escape, tejen incipientes conspiraciones de autodefensa para recuperar la autonomía. No es negocio disciplinarse bajo la agresividad ni tras la decadencia.