Panorama político nacional de los últimos siete días

El gobierno sólo habla
con su propio espejo
por Jorge Raventos

No es exacto decir que el gobierno nacional se desinteresó del mensaje que la ciudadanía le propinó el 28 de junio a través de las urnas. En cierto que primero lo desconoció; pero enseguida lo sintió (y se resintió). Finalmente, ante la exhortación de muchos de los propios, decidió interpretarlo. Extrajo, eso sí, una conclusión módica y casi exclusiva: debía mejorar su comunicación.

Como esas personas que deciden gritar y modular lenta y exageradamente cuando intentan hacerse entender por gente que no habla el mismo idioma, el oficialismo decidió persistir en el contenido de sus políticas, pero hacerlo con ministros más locuaces. Así, para reemplazar al inaudible Carlos Fernández , que había decidido ocupar silenciosamente su silla del Palacio de Hacienda, llegó Amado Boudou al ministerio de Economía: “Este va a hablar mucho”, prometió la señora de Kirchner. Por su tendencia al mutismo fue elevado fuera del ministerio de Educación Juan Carlos Tedesco y se lo sustituyó por el conversador Alberto Sileoni.

Y ahora, en el aparente diálogo con las entidades del campo, es promovida al escenario la ministra de Producción, Deborah Giorgi, y desplazado una vez más a la antesala el Secretario de Agricultura, Carlos Cheppi: éste, un técnico reconocido, no podría articular en voz alta el discurso que la ministra no tiene reparos en proclamar. Porque no sólo es cuestión de hablar, sino de decir con muchas palabras y aire de solvencia el discurso que Néstor Kirchner ha decidido seguir sosteniendo: el de la intransigencia frente al reclamo de los productores agrarios. El mismo que mantiene paralizada la cadena agroindustrial desde hace más de un año. El mismo que en 2008 determinó la mayor derrota política del oficialismo y que, un año más tarde, lo obligó a soportar el durísimo revés electoral de junio.

La Mesa de Enlace llegaba a la reunión del último día de julio conteniendo con esfuerzo la presión e impaciencia de sus bases. Llevaban papeles en los que sintetizaban y argumentaban sus principales reclamos: rebaja del 10 por ciento de las retenciones a la soja; eliminación de retenciones al trigo, el maíz, el girasol y los productos de economías regionales; la reapertura de los Registros de Exportación para trigo y maíz, así como la liberación total de carnes y lácteos (que en la actualidad están limitadas a cuotas); la efectiva eximición o diferimiento de impuestos y el financiamiento a los productores afectados por la sequía, así como para los golpeados sectores de ganadería y lechería. Además: la eliminación de los controles de precios (que por otra parte no se reflejan en las góndolas) a distintas actividades.

Al iniciarse la semana, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, había tenido su propia sesión de diálogo con la señora de Kirchner y le había adelantado el interés de la provincia en que el conflicto con el campo encontrara una solución. No lo hizo –aclaró más tarde- “como representante del campo”, sino como titular del distrito más numeroso e influyente del país. Ya les había adelantado a los dirigentes agrarios de la provincia que compartía la idea de reducir las retenciones al trigo y de ayudar a la ganadería y a la lechería.

En vísperas del encuentro con el campo se lanzó a rodar la versión de que el gobierno estaba dividido en torno a la actitud a asumir frente a la Mesa de Enlace. Se decía que algún ministro (se nombraba a Aníbal Fernández,) estaba a favor de hacer concesiones en el tema clave de las retenciones. Y que, en cambio, el secretario de Comercio Guillermo Moreno y el titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray, como puntas de lanza de Néstor Kirchner, sostenían la postura de rechazar el planteo radicalmente.

A juzgar por lo que ocurrió en la Casa Rosada, en la reunión el jefe de gabinete se reservó el rol de la cordialidad y las noticias agradables: aseguró a los dirigentes rurales que se podía conversar de todo y que todos los planteos serían atendidos y estudiados: aludía, quedó claro, al pedido referido a las retenciones. Anunció, inclusive, algunas leves medidas reparatorias en el plano de la ganadería (una disminución del llamado “encaje”, o stock forzoso que las empresas frigoríficas deben tener en sus depósitos como condición para permitir la exportación de carne) y una compensación para el engorde de novillos grandes, a partir de los 360 kilos (medida que sólo tendría sentido en el marco de un cese de las trabas a la exportación, ya que esos animales son los que preferentemente se venden al exterior).

Pero, tras la extensa sesión té y simpatía (de la que no surgió ni siquiera el esclarecimiento de cuáles serían las modalidades de continuidad de los contactos), cuando los dirigentes del campo se fueron, los representantes oficiales ofrecieron una conferencia de prensa en la que el tono cambió. “Parecía que habíamos estado en reuniones distintas", resumiría Hugo Biolcatti, el número uno de la Sociedad Rural, después de oír a los ministros. Para empezar, el jefe de gabinete estableció que “no hay espacio para ninguna rebaja de las retenciones”. ¿Tan pronto estudió el tema o simplemente estaba verbalizando en ausencia de los hombres del campo la respuesta que ya le habían dictado antes de verlos? En cualquier caso, lo de Fernández tuvo la virtud del laconismo. La ministra de Producción se encargo de complementarlo en la oratoria: disparó conceptos y cifras que no se habían esgrimido en la reunión formal y llegó a afirmar que el gobierno había beneficiado al campo en una cifra con la que “se podrían haber construido 4831 escuelas, 198.000 viviendas y 217 hospitales”.

Puesto que ha decidido subrayar “la comunicación”, el gobierno parece dedicar las ocasiones del diálogo al que él mismo cita a hacer propaganda ante la opinión pública, más que a buscar acuerdos con sus interlocutores. Es probable que ese sea el verdadero uso que prevé para un diálogo en el que no cree.
La reunión del viernes había sido precedida por medidas unilaterales del gobierno destinadas al sufrido sector de los tamberos. Ese comportamiento solitario ya anunciaba un sesgo de confrontación que los gestos aparentemente dialoguistas no consiguen disimular.

El jueves 30 de julio (en un viaje que sufrió sucesivos cambios de horario, determinados por las eventuales reacciones de los productores cordobeses) la presidente llegó a Villa María con un subsidio bajo el brazo. Subsidios, retenciones y prohibiciones se destacan en la poco provista caja de herramientas del gobierno. Durante décadas, la Argentina (por sí y como parte del grupo Cairns, formado por los 17 grandes exportadores de agroalimentos del mundo) se opuso a la política de subsidios instrumentada por Europa a través de su Política Agraria Común; se le imputaba a esa política que obstruía el comercio leal y perjudicaba tanto a los contribuyentes de los países que subsidiaban como a los productores competitivos de las naciones que los sufrían. Ahora es el gobierno argentino el que aplica subsidios en lugar de facilitar el juego transparente del mercado en una actividad en la que siempre pudo producir y competir con eficiencia. Y, junto con eso, castiga con retenciones, cuotificaciones o prohibiciones la exportación de otros productos del campo. Tanto para subsidiar precios como para gravar con retenciones, el denominador común de la política que el gobierno eligió y que el campo rechaza se centra en intervenciones que perturban y distorsionan los mercados y desalientan la inversión. “La manipulación discrecional de los precios agudiza las distorsiones de precios relativos en un contexto inflacionario, y genera fuertes desincentivos a la producción y a la inversión en los sectores perjudicados”, señalaba una quincena atrás el documento de la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA).

El gobernador cordobés, Juan Schiaretti destacó la actitud unilateral del poder central y se negó a avalar con su presencia el acto de Villa María porque "las serias dificultades que afronta el sector lácteo, vital para la economía de Córdoba, que se expresan en el cierre de numerosos tambos, requiere de la adopción de medidas que apunten a solucionar el problema en forma definitiva con la participación de los representantes de los gobiernos provinciales en que se encuentran ubicadas las cuencas lácteas, de los integrantes de la Mesa de Enlace, de la Mesa nacional y provincial de productores lácteos y del gobierno nacional" y ”ninguno de los interesados y/o afectados ha sido convocado”.

Olivos y la Casa Rosada –las dos sedes del gobierno K- han decidido mantener su intransigencia frente a las reivindicaciones centrales del campo, revestir apenas esa dureza con algunos modos versallescos y disparar de arriba a abajo algunas medidas compensatorias no acordadas, tendientes a mostrar que el gobierno decide por sí y no carece totalmente de sensibilidad frente al problema del campo.
El método no funcionó un año atrás, cuando el gobierno aún conservaba instrumentos de poder , no había perdido un comicio ni había caído su imagen al piso, como ocurre en la actualidad. Es improbable que tenga éxito ahora. Lo que es indudable es que en principio esa intransigencia y las conductas pendencieras del oficialismo crean problemas a los dirigentes de la Mesa de enlace, que procuran contener y moderar a sus representados. "El campo dejó de ser la mansa vaca que se deja ordeñar para cubrir el costo de las políticas equivocadas", advirtió de todos modos Hugo Biolcatti el sábado, desde la clásica tribuna de la Exposición Rural. Si no obtienen respuestas sensatas, los productores no tardarán en volver a la lucha, tantoi en el escenario del Congreso como en las rutas.

Entretanto, la tensión y la terquedad del gobierno prolongan la atmósfera de desconfianza que desalienta la inversión, impulsa la fuga de capitales y consolida el paráte económico. Peor aún: dilapida las oportunidades que el mundo vuelve a ofrecer al país, con la reactivada demanda de commodities y, particularmente, de alimentos. ¿Puede la Argentina seguir perdiendo el tiempo?