Panorama político nacional de los últimos siete días

Que venga el Principito
por Jorge Raventos

Problemas de definición: los escarceos y aproximaciones al Fondo Monetario Internacional que protagoniza Amado Boudou, ¿deben ser considerados un capítulo de lo que ciertas crónicas describen como la “contraofensiva victoriosa” de Néstor Kirchner? Cuatro años atrás, cuando también formalmente ejercía la presidencia de la Argentina, Kirchner canceló con 10.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central su deseo de tomar distancia del Fondo, que por cierto no exigía el pago al contado de toda la deuda. Esta semana Boudou procuró ante el chileno Nicolás Eyzaguirre, director para el Hemisferio Occidental de la entidad , que el Fondo emplee anestesia y discreción para facilitar un regreso no humillante del gobierno K. Una condición ineludible consiste, sin embargo, en aceptar que la entidad aplique el Capítulo IV de su normativa, que supone un análisis de las variables de la economía nacional y un juicio sobre su consistencia y capacidad de cumplir con obligaciones. “Hasta Estados Unidos cumple las condiciones que fija el Estatuto del FMI”, dejó establecido Eyzaguirre, para que se entienda que no hay nada personal en esos requerimientos.

El intento de regreso que tramita el ministro de Economía, ¿debe entenderse como un paso para “profundizar el modelo”, mandato que, según explicó esta semana Néstor Kirchner en Tres de Febrero, es el único mensaje que las urnas del 28 de junio le dictaron?

Algunos malpensados opinan que es precisamente la aplicación del “modelo”, con su carga de creciente desequilibrio fiscal , desconfianza y clausura de los circuitos de crédito , la que está guiando los pasos del gobierno K hacia el Fondo: el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. El superávit fiscal, que en julio de un año atrás había superado los 4.000 millones de pesos, se redujo en julio de 2009 a 766 millones. Una vertiginosa caída de 81 por ciento.

El dolor se siente más en el interior del país, donde se abultan los quebrantos de las provincias, cuyo déficit de este año estaría por encima de los 11.000 millones de pesos. En varios distritos las dificultades para abonar sueldos no son una amenaza cercana: ya se han manifestado, sea a través de postergaciones o escalonamientos de los pagos. Los proveedores de las administraciones de muchas provincias ya venían experimentando las postergaciones. Río Negro empezó por pagar aguinaldos a sólo un tercio de los empleados públicos; la vecina Neuquén lo hizo en cuotas. Chaco, Tierra del Fuego, Jujuy, Santa Cruz apelaron a mecanismos análogos. Santa Fé mantuvo varios meses suspendido el pago de obra pública. En algunas intendencias misioneras se canceló salario con bonos. La provincia de Buenos Aires atravesará ajustadamente sus compromisos salariales de agosto, pero financieramente camina por el borde: reconoce un déficit de 5.500 millones. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, le escribió a principios de la semana una carta a la señora de Kirchner, advirtiéndole que declararía la emergencia económica provincial si no recibía del gobierno central fondos que éste retiene: “el monto alcanzaría al 31 de Agosto de 2009, la cifra de 372 millones de pesos, equivalentes a un mes de masa salarial líquida de todos los estatales activos de mi Provincia”, puntualizó. Córdoba podía convertirse en la primera provincia en volver a las cuasimonedas que cundieron a principios del milenio. El ultimátum de Schiaretti funcionó: el jueves 27 de agosto la señora de Kirchner envió la tercera parte de la suma requerida por Córdoba. Paso a paso.

En la década del 90, las provincias recibían por coparticipación alrededor de un 40 por ciento de la recaudación impositiva. Este año no llegan al 25 por ciento. La caja central retiene una cuota más amplia de los recursos (pese a lo cual su desequilibrio fiscal crece y tendría déficit si no contara con la masa de fondos capturados a los fondos particulares de jubilaciones) y las provincias ven agravarse dramáticamente el rojo de sus cuentas. Eso se traduce en un crecimiento sostenido de la conflictividad.

Ese es el telón de fondo en el que se inscribe la nueva ofensiva del gobierno central contra el campo. Las batallas del año 2008 contra la cadena agroindustrial, que concluyeron con la derrota política del oficialismo, suscitaron un replanteo del tema de la coparticipación y un revival de la conciencia federal: provincias y municipios del interior afilaron el lápiz para calcular en cuánto se veían perjudicados por la aplicación de abusivas retenciones que paralizaban las economías locales, suscitaban la fuga de recursos hacia el barril sin fondo de la caja central y terminaban convertidas en instrumentos de extorsión a gobernadores e intendentes.

Acuciado por la fugacidad de un control del Congreso que concluye en diciembre y que, de hecho, se ejerce ya con una legitimidad política dudosa y forzada, pues la relación de fuerza que muestran las cámaras no refleja ahora la que se manifestó en las urnas dos meses atrás, Néstor Kirchner parece decidido a forzar los acontecimientos. Al hacerlo acelera y tensa la crisis de gobernabilidad.

La por algunos llamada “contraofensiva K” se produce conjuntamente con la dispersión y el estado deliberativo de las fuerzas kirchneristas, donde muchos liderazgos locales y sectoriales no acompañan en estas circunstancias la clásica actitud confrontativa de Néstor Kirchner. Sólo esa confusión interna y esas vacilaciones pueden explicar el blooper interpretado por los bloques oficialistas de ambas cámaras cuando aprobaron un texto legal que aseguran no haber revisado y que indujo a la presidente a desgastar tempranamente el mecanismo del veto.

Que semejante revés se haya producido sin que –como hubiera ocurrido en otros momentos- Néstor Kirchner hiciera rodar la cabeza de algún chivo expiatorio en el Congreso, indica los límites estrechos dentro de los que la familia presidencial debe moverse: en las semanas que restan hasta que venzan los mandatos de este Congreso los votos de su bloque y los de los aliados que coopta se cuentan de a uno y ante esa circunstancia, deben tragar amargo y escupir dulce.

En cualquier caso, el veto presidencial a los artículos que limitaban las retenciones en algunas zonas rurales afectadas por la sequía tuvo efectos ilustrativos sobre los productores agrarios (y también sobre otros sectores agredidos por la acción del gobierno): moderó y corrigió cierto optimismo que reinaba en esos ámbitos y que veía diciembre como una fecha de giro, a partir de la cual la nueva integración parlamentaria permitiría corregir el rumbo desviado del gobierno. El veto presidencial fue una prueba de la porfiada actitud con que el oficialismo se planta frente al sector agrario, al que aspira a derrotar plenamente, sin dejarle pasar ni siquiera reivindicaciones menores o parciales. Los sectores afectados por esa terca voluntad de sofocamiento se ven forzados a la pelea y ante la sociedad se dibuja un escenario crispado: ¿habrá que atravesar dos años en los que el gobierno se empeñe en sus caprichos, vete las iniciativas del Congreso y pretenda avanzar a toda costa sobre aquellos sectores a los que define como enemigos; dos años en los que ni el Ejecutivo ni el Congreso puedan garantizar un orden razonable para trabajar, estudiar, invertir? La huelga lanzada por los productores agrarios a partir del veto presidencial y el clima combativo que reina en las asambleas (“más activo que en las luchas del año pasado”, certificó Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria) son consecuencias que podían preverse.

Convencido de que sus tiempos se acortan y de que debe librar velozmente una guerra contra “la coalición agromediática”, Néstor Kirchner fuerza los acontecimientos. La Justicia ha detenido una vidriosa licitación en el siempre codiciado terreno de los negocios del juego, donde corre algún notorio caballo del comisario. No es la única iniciativa que llega desde los Tribunales, un espacio que se ha vuelto muy dinámico a partir del 28 de junio.

El oficialismo quiere también aprovechar sus últimas semanas de hegemonía parlamentaria sancionando una ley de control de medios. No se trata sólo de recortar las opiniones críticas o divergentes o de sancionar al Grupo Clarín, al que la Casa Rosada coloca en el lugar de los enemigos; en el sector mediático han crecido en estos años varios retoños del “capitalismo de amigos”, a los que la ley pretende regar y fertilizar.

Néstor Kirchner abre frentes y planea batallas decisivas después de sufrir una derrota electoral que coronó su caída política de 2008. Algunos observadores pueden confundirse con esa fuga hacia adelante. Para relatarla como una ofensiva haría falta un talento como el de José Gómez Fuentes.